El Gobierno analiza enviar al Congreso un proyecto de reforma laboral. Así lo confirmó el jefe de bloque de diputados de La Libertad Avanza, Oscar Zago. La iniciativa llegaría al parlamento luego del intento hasta ahora fallido del presidente Javier Milei de implementarla por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Un sector de la “oposición dialoguista” ya anticipó que estaría dispuesta a acompañar parte del paquete.

“Seguramente vamos a mandar muchos de esos puntos como proyecto de ley”, anticipó Zago en diálogo con Radio 10. En ese sentido sostuvo que “el mundo enteró cambió y nosotros también debemos cambiar” y argumentó: ”hay varias leyes que se quedaron en 1945 y por eso no vienen inversiones ni empresas nuevas y mucha gente no quiere apostar al país”.

Previamente, el diputado de Hacemos Coalición Federal, Emilio Monzó, había deslizado la predisposición de su bloque para incorporar al debate de la ley ómnibus “la redeterminación de las multas, el fondo de cese de empleo y la prórroga del período de prueba”. Se trata de un bloque clave para el oficialismo a lo hora de buscar los votos en el parlamento.

El 21 de diciembre el Ejecutivo dispuso la publicación en el Boletín Oficial del DNU 70/2023 que deroga artículos, leyes y genera más de un centenar de reformas en distintas materias. Uno de los capítulos más extensos está vinculado a la legislación laboral, en donde se abordan cuestiones como el plazo del período de prueba, los intereses que se pueden aplicar en las sentencias, el financiamiento de los sindicatos y el derecho a huelga, entre otros.

Lo hizo por la vía del decreto, a pesar de que pocas horas antes del anuncio de Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos, había dialogado con varios referentes gremiales sobre la posibilidad del envío de un proyecto de ley al Congreso que iba a contener algunos de esos puntos, cosa que finalmente no sucedió. Desde entonces, el Gobierno sufrió varios traspiés en la Justicia.

Justamente el capítulo laboral fue el más discutido de todos. Los sindicatos consiguieron frenarlo primero con al menos unos seis amparos pero ahora también cuentan con un fallo de fondo: el de la Cámara de Apelaciones del Trabajo que declaró la inconstitucionalidad de todo ese tramo del Decreto. El tema quedará en la Corte Suprema de Justicia de la Nación que aún no intervino.

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