El ejecutivo nacional, en una de las muchas contramarchas que ha protagonizado desde que asumió el gobierno, había incluido en la primitiva versión de aquella ya lejana “Ley Omnibus” un capítulo sobre la industria tabacalera que se perdió en el camino.

Concretamente, el viejo borrador de Ley Bases buscaba eliminar el componente fijo del impuesto a los cigarrillos, que está judicializado por Tabacalera Sarandí, pero que paga el resto de las empresas del sector e incorporaba una serie de reglas al sector incluido un cálculo de sanciones en base a los precios de mercado relevados, en caso de productos sin documentación o con irregularidades. La iniciativa se dio de baja intentando no hacer ruido.

Pero lo hizo y el ministro Guillermo Francos, obligado a explicar, aseguró que habría cambios para el sector en un proyecto de ley aparte que sería enviado al Congreso. “Lo sacamos porque no queríamos generar esta discusión ahora, junto con una ley que trata temas de mayor importancia”, dijo en declaraciones radiales y agregó: “Lo vamos a incluir más adelante, en un tratamiento de la Ley de Impuestos Internos”.

La oposición evidentemente, no le creyó.

Tropiezo

En una sesión en que los propósitos del oficialismo se cumplían uno tras otro, con la precisión de un metrónomo, hubo un solo momento de zozobra (y derrota). Es que una inesperada coalición logró imponer en el proyecto el capítulo sobre la industria del tabaco.

La Coalición Cívica, con apoyo de un sector del radicalismo y del bloque Innovación Federal (IF), con diputados que responden a los gobernadores de Salta y Misiones, propuso que se someta a votación un texto que replicaba los artículos que originalmente había enviado el Gobierno en la primera versión del proyecto de ley, en diciembre pasado.

No está claro cuál fue el grado de coordinación con el bloque de Unión por la Patria, pero sus diputados se plegaron a la iniciativa y, entre gritos e insultos, la alianza heterogénea y momentánea amargó a La Libertad Avanza: 82 votos a favor de la inclusión, 77 en contra y ¡69 abstenciones!

El dueño de Tabacalera Sarandí, Pablo Otero (el “Señor Tabaco”), es señalado como el principal beneficiario del régimen actual y se lo acusó de influir sobre legisladores de distintos bloques para impedir un cambio legal.

Con estas modificaciones, los impulsores consideran que se puede aumentar la recaudación impositiva en casi 1000 millones de pesos al año. Falta ver qué temperamento adopta el senado y, en su caso, si el presidente Milei no decide usar su poder de veto.