Ni las guerras ni la pandemia del covid ni las tensiones entre China y Estados Unidos han bloqueado en el último lustro los acuerdos en las cumbres del clima, de las que siempre se ha conseguido sacar adelante algún pacto, aunque resultase insuficiente o débil y no haya logrado aún que las emisiones caigan a la velocidad suficiente.

En la cumbre de Bakú la cuerda se tensó tanto que parecía que esta vez se terminaría por romper. Pero, de nuevo, los casi 200 países reunidos en la capital de Azerbaiyán en la COP29, la conferencia climática anual de la ONU, sacaron adelante en tiempo de descuento un acuerdo sobre la financiación, a pesar del entorno internacional tan complicado y del papel un tanto caótico que jugó la presidencia de la cumbre, que recaía en Azerbaiyán como país anfitrión.

Un párrafo aparte para la delegación argentina, que decidió retirarse de las negociaciones, sin fundamento alguno, en una actitud que puede tener impacto en las relaciones diplomáticas y, sobre todo, en las comerciales.

El acuerdo final de esta COP29 marca como objetivo genérico para la lucha contra el cambio climático movilizar con recursos públicos y privados 1,3 billones de dólares para 2035, aunque sin especificar claramente de dónde saldrán. Esta ha sido siempre la limitación de las negociaciones: se acuerdan montos, pero nadie dice quién los pone, ni cómo se reparten. Entonces, a falta de mejores compromisos, todos firman.

La clave de todo es cuánto dinero deben poner sobre la mesa los países desarrollados para ayudar a los Estados con menos recursos. El texto apunta a que las naciones más ricas deberán poner por lo menos 300.000 millones de dólares anuales para 2035, lo que supondría multiplicar por tres la meta actual que está en los 100.000 millones.

Multiplicando por tres y todo, la nueva cantidad comprometida está muy por debajo de las necesidades reales que tienen estos países, que critican a los gobiernos occidentales por mezquinos.

En el corazón de los debates de esta cumbre de Bakú —que arrancó el 11 de noviembre pasado y debería haber concluido este viernes y no concluyó hasta pasadas las 2.30 de este domingo 24 (hora local)—, estaba la llamada financiación climática; es decir, los fondos que deben recibir los países con menos recursos para reducir sus emisiones de efecto invernadero alejándose de los combustibles fósiles. Ese dinero también debe servir para que se preparen y protejan de los efectos de un calentamiento del que son los menos responsables.

Hace 15 años, en otra cumbre del clima, se acordó que esa financiación debía ser puesta por los países considerados desarrollados y que tendría que alcanzar los 100.000 millones anuales en 2020. En Bakú, tocaba actualizar esa meta, que finalmente quedó en 300.000 millones, según lo acordado en esta COP29.

Esa cifra ha sido uno de los principales motivos de disputa. Porque mientras las naciones desarrolladas, con Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza, se resistieron hasta el último instante, los países en desarrollo exigían que pusieran billones sobre la mesa, algo a lo que no estaban dispuestos a llegar los negociadores del bloque occidental.

La cantidad acordada no ha contentado, sin embargo, a varios de los países llamados a ser receptores, como Cuba, Bolivia y la India, reprochan a la presidencia cómo llevó las negociaciones y a los países ricos su falta de compromiso. La representante de Nigeria calificó de “insulto” y “broma” la cantidad puesta sobre la mesa por las naciones desarrolladas.

Pero si es importante cuánto, no menos es cómo se movilizarán esos fondos y quienes los pondrán sobre la mesa. Respecto al cómo, en el texto se apunta a que la financiación de los 300.000 millones para 2035 deberá venir de ayudas públicas, pero también podrá proceder de créditos. Y de inversión privada ligada a proyectos y ayudas públicas. Una mezcla no muy clara, que hasta ahora ha llevado a contabilizar como ayudas, cosas que no lo son.

La otra gran cuestión de esta cumbre era el quién debe aportar. Porque estas negociaciones se realizan sobre la base de una Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, de 1992, que señala que son los considerados entonces países desarrollados los que debían realizar los mayores esfuerzos. Se trata de EE UU, la Unión Europea, Canadá, Suiza, Australia y Japón.

El peso de la financiación climática con ayudas públicas y créditos de todo tipo ha recaído hasta ahora sobre sus hombros. Pero fuera se han quedado otros países de altos ingresos, muy emisores y que no han estado hasta este momento obligados a aportar fondos; se trata de naciones como China, Arabia Saudí, Rusia y Corea del Sur.

En el texto se alienta a que otras naciones que no están consideradas desarrolladas en el contexto de la ONU “hagan contribuciones adicionales” para lograr los objetivos de financiación, aunque se trata de una invitación no de una obligación. Las “invitaciones” no han sido tomadas en cuenta, al menos hasta ahora.

La clave está en los bancos de desarrollo multilaterales, donde no existe esa división de países desarrollados y el resto, y cuentan con aportaciones también de China y otros Estados. El empeño del bloque del llamado norte global ha sido desde el principio que todos los proyectos climáticos financiados por estas entidades se contabilicen en la meta global de los 300.000 millones para reducir la presión sobre ellos, y así se refleja en el acuerdo final.

Además, en el texto se reitera la importancia de “reformar la arquitectura financiera multilateral” y se aboga por eliminar los “obstáculos” que se encuentran los países en desarrollo para poder recibir inversiones y transformar sus sistemas energéticos, como “los niveles de deuda insostenibles”.

El Contexto (no ayuda)

Mal momento para la cumbre. EE UU está a pocas semanas de asistir a la vuelta de Donald Trump a la Casa Blanca, que ya sacó a su país del Acuerdo de París. El desplante argentino, sin peso específico en las negociaciones, no pasó desapercibido: es un gesto fuerte.
Y en la Unión Europea el avance de la ultraderecha también está debilitando las políticas climáticas.

Muchos de los negociadores se sentían obligados a cerrar el acuerdo de financiación en esta cumbre, ante la perspectiva de que el año que viene sea todavía más complicado afrontar este difícil debate.

“Había esperado un resultado más ambicioso, tanto en materia financiera como de mitigación, para estar a la altura del gran desafío que enfrentamos, pero el acuerdo alcanzado proporciona una base sobre la cual construir”, ha sostenido por su parte António Guterres, secretario general de la ONU, a través de las redes sociales.

Mercados de carbono

Unas horas antes de cerrarse el acuerdo sobre financiación, la tarde de este sábado, la presidencia de la cumbre convocó un plenario, en el que la buena noticia para los países que negocian fue que se cerró el acuerdo sobre mercados de carbono, que despeja el camino para que pueda crearse un sistema internacional para comerciar.

Con todo, todavía deben desarrollarse por completo en 2025 las reglas técnicas. Pero la aprobación de este punto de la agenda, que se lleva retrasando años, es una buena noticia para los defensores de este sistema de compra y venta de derechos, que en los últimos años ha estado envuelto en la polémica y en las dudas sobre su efectividad real para la reducción de las emisiones.