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sábado, noviembre 23, 2024
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VILLA MARÍA: CONCEJALES EXIGEN SUSPENSIÓN DE MARTÍN GILL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MARÍA

Las ediles de Juntos por el Cambio de Villa María, Evelyn Acevedo y Natalia González, han presentado un proyecto de declaración en el Concejo Deliberante, manifestando su repudio a la continuidad de Martín Gill como docente en el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Villa María. Las ediles sostienen que, dada la situación judicial que enfrenta el exintendente, debería ser suspendido de sus funciones académicas hasta que se esclarezcan las acusaciones en su contra.

Martín Gill, quien actualmente está en uso de licencia en su cargo de ministro de Cooperativas y Mutuales de la provincia de Córdoba por el caso judicial que lo involucra, enfrenta un proceso por denuncias de violencia de género. En marzo de 2024, la fiscal Juliana Companys elevó la causa a juicio, imputándolo por lesiones leves calificadas por el vínculo y por mediar violencia de género. A pesar de esta situación, Gill ha continuado con sus actividades docentes en la Universidad Nacional de Villa María, lo que ha generado controversia en la comunidad académica y política.

Las ediles Acevedo y González argumentan que la permanencia de Gill en su rol docente podría afectar la integridad y la imagen de la institución educativa. Consideran que, mientras no se resuelva su situación judicial, es prudente que se aparte de sus funciones académicas para preservar la confianza de los estudiantes y la comunidad en general. Este planteamiento se alinea con las políticas de tolerancia cero hacia la violencia de género que promueven diversas instituciones educativas y gubernamentales.

La presentación de este proyecto de declaración refleja la preocupación de las ediles por la coherencia entre los valores que promueve la Universidad Nacional de Villa María y las acciones de sus integrantes. Asimismo, pone de manifiesto la importancia de abordar con seriedad y responsabilidad las denuncias de violencia de género, garantizando que las instituciones públicas actúen en consecuencia para proteger a las víctimas y mantener su credibilidad ante la sociedad.

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