Amnistía Internacional alertó sobre el “hostigamiento en redes socio digitales y medios de comunicación” que recibieron “cerca de 30 periodistas” desde el comienzo de la gestión del presidente Javier Milei. En una carta enviada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a las Relatorías Especiales de defensores de derechos humanos, aseguraron que desde el Gobierno atacan a la prensa.

Mariela Belski, directora ejecutiva de la entidad, expresó que "el actual gobierno lleva pocos meses de gestión, sin embargo, estamos siendo testigos de cómo la confrontación, odio, temor y las noticias falsas violan reglas básicas del Estado de derecho".El informe subraya que la red social X (exTwitter) “se convirtió en la herramienta preferida del gobierno para los señalamientos y acusaciones. A través de posteos y reposteos, los periodistas y comunicadores han estado en la primera línea de ataque: ‘mentirosos’, ‘ensobrados’, ‘idiotas’, ‘violentos’, ‘agresivos’, ‘despreciables’, ‘imbéciles’, son algunos de los calificativos e insultos elegidos”.

Amnistía Internacional enumeró varios casos de periodistas que fueron atacados, entre ellos Jorge Lanata, Jorge Fontevecchia, María O'Donnell, Marcelo Bonelli, María Laura Santillán, Martín Rodríguez Yebra y Joaquín Morales Solá. Recientemente, Marcelo Longobardi fue calificado como “dinosaurio”, “idiota”, “chanta” y “pifiador serial” por usuarios en X con mensajes reposteados desde la cuenta del Presidente.

En otro segmento del documento, Amnistía Internacional advirtió sobre el anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni respecto a establecer lineamientos para las acreditaciones en la Casa Rosada. También se mencionó el caso de Silvia Mercado, a quien inicialmente se le rechazó la acreditación, pero luego se revirtió la decisión tras judicializar el caso.

“Una prensa independiente y crítica constituye un elemento fundamental para la vigencia de un Estado de derecho. Cuando quien agrede es el presidente de la Nación está claro que tendrá efectos aún más profundos sobre el discurso de otros, poniendo en riesgo el derecho a la libertad de expresión y la información. Pero, además, la descarga de odio contra los profesionales de prensa no hace sino habilitar y promover el hostigamiento, las amenazas y la violencia. En efecto, la palabra del funcionario es seguida de un aluvión de mensajes que reproducen agresiones y hostilidad”, resaltaron.

Amnistía Internacional destacó que estos ataques no solo reducen el debate público, sino que también afectan la salud de las personas involucradas.

Finalmente, Amnistía Internacional reclamó a la CIDH y a las Relatorías Especiales que exhorten al Estado argentino a abstenerse del uso de discursos y mensajes criminalizantes y a establecer recomendaciones específicas sobre el rol de los funcionarios públicos y el impacto de las comunicaciones del Estado en el periodismo. La organización subrayó que la libertad de expresión y de prensa son derechos fundamentales reconocidos en tratados internacionales, que tienen jerarquía constitucional, informó Minuto Uno.

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