La defensa de Cristina de Kirchner expuso ante la Sala IV de la Cámara de Casación Penal Federal sus argumentos y reclamó que se revoque la condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos de por vida por defraudación al Estado.

Se trata de la causa sobre el presunto direccionamiento a favor del empresario Lázaro Báez de 51 obras viales en Santa Cruz que está en instancia de revisión.

El abogado de la expresidenta, Carlos Beraldi habló por el espacio de dos horas en la Sala AMIA de los tribunales de Comodoro Py. “Violaron de una manera grosera garantías constitucionales” y dictaron una “sentencia manifiestamente arbitraria”, afirmó ante los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos.

Jueces y fiscales “juegan en el mismo equipo”, dijo irónicamente Beraldi al remarcar que, en el fallo, los magistrados le mejoraron los argumentos a la fiscalía para poder condenar a Cristina.

Como lo había adelantado en sus redes sociales la propia CFK, Beraldi introdujo un nuevo elemento para fundamentar que la condena en primera instancia fue “injusta”. Se trata de un dictamen elaborado por el actual procurador de la Nación, Rodolfo Barra.

El funcionario del gobierno de Javier Milei es especialista en derecho administrativo y sostuvo en un informe fechado el 2 de septiembre de 2023 que, tras la reforma constitucional de 1994, la administración general del país corresponde al jefe de Gabinete, por lo que la entonces presidenta no tuvo responsabilidad directa en la elaboración de los presupuestos, donde se designan las obras públicas para todo el país. Barra también afirmó en el documento que Vialidad Nacional es un ente autárquico; que las provincias son autónomas y que el decreto firmado por Cristina para el fideicomiso de obras públicas fue “legítimo”.

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