El Gobierno oficializó la intervención de los medios públicos por un año y designó a los funcionarios que estarán a cargo. La medida, que ya había sido anunciada, fue publicada este lunes en el Boletín Oficial a través del decreto 117/2024.

La disposición abarca a Educ.ar, Télam, Radio y Televisión Argentina y Contenidos Públicos -que nuclea la TV Pública, Encuentro, Pakapaka, DeporTV y la plataforma Contar- unidades todas que quedaron bajo el control de la Jefatura de Gabinete.

El interventor designado por el Ejecutivo es Diego Martín Chaher, mientras que el interventor adjunto será Diego Sebastián Marías, que funcionarán bajo la órbita de la dependencia que conduce Nicolás Posse, quien también podrá prorrogar la intervención por una sola vez, según establece la normativa.

De acuerdo al texto oficial, los interventores tendrán las facultades que los respectivos estatutos de las empresas intervenidas confieren al Directorio y/o a su presidente y, especialmente, las establecidas en el decreto en cuestión.

En este sentido, Chaher y Marías deberán “elaborar un plan de reformulación, readecuación y acción para las sociedades” que será puesto a consideración del Ejecutivo; evaluar, modificar el Estatuto para el personal del organismo o aprobar uno nuevo; modificar el reglamento de contrataciones de obras, bienes y servicios.

Los funcionarios estarán habilitados a modificar la denominación de los organismos -aunque también deberán contar previamente con la conformidad de la Casa Rosada-, a revisar la administración de compras y contrataciones; disponer una auditoría integral sobre el estado de las instalaciones, bienes que se recepcionan y estado en el que se encuentran, así como presentar la rendición de cuentas.

Por último, la intervención tiene como fin ”operar y mantener las sociedades, de modo de optimizar la gestión administrativa con miras a tornarlas sustentables”.

Con ese fin, los interventores también podrán “designar y remover a funcionarios y personal de cada una de las sociedades mencionadas”. No obstante, el decreto aclara también que “el detalle efectuado en los incisos precedentes es sólo enunciativo y no limita en modo alguno las funciones del Interventor y del Interventor Adjunto que puedan vincularse a otros aspectos regulatorios, a acciones de auditoría y sanciones, a aspectos económico-financieros y a la protección de los derechos de los usuarios”.

“En caso de detectarse alguna anomalía, el Interventor y el Interventor Adjunto deberán informar con precisión su significatividad económica y el impacto que ocasiona o ha ocasionado sobre la gestión, aportándose la totalidad de la información o documentos de trabajo respectivos y asesorando sobre las acciones y medidas que corresponda”, señala.

En tanto, el decreto firmado por el mandatario y el ministro del Interior, Guillermo Francos, precisa también que “el Jefe de Gabinete de Ministros dispondrá los ajustes necesarios en el Presupuesto de la Administración Pública Nacional a efectos de atender los requerimientos que surjan como consecuencia del presente acto”.

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