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lunes, septiembre 27, 2021

La justicia embargó bienes de Algodonera Avellaneda, propiedad de Vicentin

conflicto algodonera avellaneda
Entrada a la planta de Algodonera Avellaneda, donde meses atrás hubo un conflicto con un sector de los trabajadores (Foto: Archivo)

La agroexportadora Vicentin sigue sumando problemas en la Justicia. Ayer, en el marco de una causa penal que inició el Banco de la Nación Argentina (BNA) para evitar el vaciamiento de la empresa, el Juez Federal, Julián Ercolini, ordenó el embargo preventivo de los bienes inmuebles que pertenecen a Algodonera Avellaneda, una de las compañías del grupo.

La presentación ante la Justicia del Banco Nación, según comentaron desde la entidad, tiene como objetivo “recuperar los más de 300 millones de dólares de deuda que mantiene el grupo Vincetin con el banco por créditos otorgados durante el bienio 2018/19″. A todo esto, hay que recordar que Algodonera Avellaneda tiene un crédito del banco por 294,5 millones de pesos que por el Banco Central de la República Argentina está categorizado en situación 4, lo que significa con un “alto grado de insolvencia”.

De acuerdo a lo manifestado por las autoridades del BNA en un comunicado, “la decisión adoptada por el magistrado se realizó sin afectar el normal giro comercial de la empresa, que continuará con su posesión, con lo cual Vicentín podrá seguir con sus operaciones habituales, pero con el impedimento de transferir cualquiera de los bienes embargados por la justicia federal”.

En la decisión del juez Ercolini, se deja constancia que hay una prohibición de venta o transferencia de los diferentes bienes muebles de Algodonera Avellaneda, entre ellos hay 13 vehículos, entre camionetas, camiones y tractores, y también maquinarias agrícolas.

Eduardo Hecker, presidente del Banco Nacion 1
Eduardo Hecker, presidente del Banco Nación

El fallo del Juez Ercolini se conoce días después de la decisión de juez Penal de Primera Instancia del Distrito Nº 2 de Rosario, Hernán Postma, quien ordenó congelar por 180 días las cuentas bancarias de los principales directivos de Vicentin, en una causa que investiga una supuesta estafa cometida por los directivos de la compañía, y donde también se realizaron la semana pasada varios allanamientos en los distritos santafesinos de Reconquista y Avellaneda.

Ante el fallo del Juez de Rosario, el titular del Juzgado de Reconquista que lleva adelante el Concurso de Vicentin, Fabián Lorenzini, ordenó en las últimas horas al Banco Central la rehabilitación de manera inmediata de las cuentas bancarias de la empresa en el Banco Nación, Banco CMF Corporativo, Nuevo Banco de Santa Fe y Banco Mariva.

Las cuatro cuentas que Lorenzini solicita que se rehabiliten son utilizadas por la agroexportadora para gestionar fondos y, según pudo saber este medio, seguirán sin operar el resto de las cuentas que pertenecen a los accionistas.

La defensa de la empresa

Desde la semana pasada los directivos de Vicentin viene denunciando que hay un accionar de la Justicia que tiene como objetivo que la empresa no pueda resolver su situación concursal y de esa manera cumplir con los acreedores y poder continuar con la actividad que garantice la continuidad laboral de los trabajadores.

“Estamos frente a un raid persecutorio teñido de una inocultable intencionalidad política y una evidente animosidad contra la empresa, sus accionistas, directivos y trabajadores”, manifestaron los directivos en un comunicado.

Además, desde la empresa acusaron al juez Postma de imposibilitar el acceso a los recursos para pagar los sueldos y aguinaldo a los trabajadores. “A la fecha los bloqueos a las cuentas continúan vigentes imposibilitando el normal funcionamiento de la compañía y afectando de manera directa a todos los trabajadores. Quedan a la vista las evidentes consecuencias de una medida injusta, extemporánea e inconducente que lejos está de representar o proteger los verdaderos intereses de todos los involucrados en el actual proceso concursal”, agregaron.

Y por último, manifestaron: “Confiamos que a la brevedad se resuelva este despropósito y que le permita a la empresa atender sus responsabilidades concursales y cualquier otro requerimiento de carácter judicial que se considere pertinente sin afectar su normal funcionamiento, sus posibilidades de recuperación y los intereses de sus trabajadores”.

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